La decisión adoptada por el presidente de Bolivia, Evo Morales, de nacionalizar los hidrocarburos del país, ocupando militarmente campos de petróleo y refinerías, ha causado diferentes reacciones de la comunidad internacional, particularmente Brasil y España, principales inversores en el sector. Estas empresas deberán entregar toda su producción a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB, la petrolera estatal) y firmar nuevos contratos.
El presidente Evo Morales, ha firmado un decreto supremo que nacionaliza y da al Estado el "control absoluto" de los hidrocarburos dejando a las Fuerzas Armadas controlar los oleoductos, gaseoductos y refinerías. Este decreto estará afectando a un total de veinte compañías extrajeras, entre las que destacan la española Repsol, Petrobras, las británicas BP y British Gas, y el grupo francés Total.
El presidente Evo Morales, ha firmado un decreto supremo que nacionaliza y da al Estado el "control absoluto" de los hidrocarburos dejando a las Fuerzas Armadas controlar los oleoductos, gaseoductos y refinerías. Este decreto estará afectando a un total de veinte compañías extrajeras, entre las que destacan la española Repsol, Petrobras, las británicas BP y British Gas, y el grupo francés Total.
Este accionar por parte del gobierno de Bolivia hacia sus pares Sudamericanos fue calificado por un portavoz del ministro de Minas y Energía, Silas Rondeau, como "un gesto no amistoso que puede ser entendido como una ruptura de los entendimientos que venían siendo mantenidos con el Gobierno boliviano".
"Es una medida unilateral, no amistosa y que nos obliga a analizar con mucho cuidado la situación en el país", afirmó el presidente de Petrobras.
El decreto dictado por Morales impone a las empresas extranjeras la entrega de toda su producción a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), compañía estatal del sector, que además asumirá un control absoluto de la comercialización en el mercado interno y en la exportación, fijando precios, volúmenes y condiciones, y promoverá la industrialización de los hidrocarburos.
Con el régimen pasado las empresas transferían al Estado, por tributos y otras participaciones, el 50 por ciento del valor de su producción. A ese porcentaje se añade ahora un 32 por ciento adicional destinado a financiar las actividades de YPFB.
Los campos San Alberto y Sabalo, desde donde se exporta el 70% del gas boliviano y que están operados por Petrobras, están ahora obligados a entregar el 82% de su producción a YPFB, lo que permitirá generar para el Estado boliviano 300 millones de dólares adicionales en el 2007.Esta suma de capitales que serán entregados a las actividades de YPFN tienen como objetivo otorgar planes y subsidios a la población indígena, la cual se encuentra en amplia desventaja económica con respecto a la demás población en Bolivia ya que esta posee los mas bajos índices de escolarización en jóvenes y adultos y vive en con menos de la mitad de los recursos económicos que ofrece el país.
El segundo posteo se destinará a explicar con mayor atención a la situación social que acontecerá al otorgamiento de planes de subsidio a la población indígena producto de los impuestos a los hidrocarburos. Estos conflictos se llevaran a cabo entre los Collas (población indígena) y los Camba (habitantes de Santa Cruz), quienes se encuentran en la lucha por la autonomía de la región.
